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¿Qué tanto conoce del derecho concursal?

Contenido:

Proceso concursal-Definición

¿Para qué sirve el derecho concursal?

¿Qué debe hacer una empresa en situación concursal?

¿A qué se le conoce como situación de insolvencia actual?

¿A qué se le conoce como situación de insolvencia inminente?

¿Qué es un concurso de acreedores?

Modalidades del concurso de acreedores

 

 

Proceso concursal-Definición

Es un proceso mediante el cual una persona denominada deudor,  tiene problemas para pagar a sus acreedores, de esta forma sus acreedores se reunirán en una Junta de Acreedores para decidir qué es lo que harán con el patrimonio del deudor, con la finalidad de obtener el mayor valor de él y tratar de pagar la mayor cantidad de créditos posible.

Los acreedores pueden decidir por reestructurar o liquidar el patrimonio del deudor. Esta decisión dependerá de la evaluación que los acreedores realicen.

¿Para qué sirve el derecho concursal?

El derecho concursal nace para dar solución a las situaciones de insolvencia empresarial y personal y también regula los acuerdos entre el deudor y sus acreedores.

El derecho concursal trata de dar solución a las situaciones de insolvencia tanto empresarial como personal, regulando los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, si ello es posible, o, en caso de no serlo, procediendo a una regulación ordenada.

Esta rama del derecho mercantil, regula tanto el procedimiento judicial del concurso de acreedores en sede judicial, como instrumentos que persiguen solucionar que el deudor, empresa o particular, puedan evitar verse abocado a la vía judicial, mediante los acuerdos extrajudiciales de pagos o los acuerdos de refinanciación.

Procedimientos todos ellos que persiguen tanto que el perjuicio a los acreedores sea el mínimo posible, como lograr soluciones de viabilidad y continuidad para el deudor, por considerar que si ello es posible, se incrementan las posibilidades de cobro de los acreedores, al margen que se reduce el deterioro del tejido económico y empresarial de la sociedad.

Si bien la figura más conocida por el público no experto es la figura del concurso de acreedores, lo cierto es que el acuerdo extrajudicial de pagos o los acuerdos de refinanciación son instituciones que planteadas a tiempo logran evitar los riesgos, dificultades y costes que se derivan de un procedimiento judicial de concurso de acreedores.

La toma de la decisión en el tiempo adecuado, junto con una exhaustiva preparación de las medidas a adoptar, tanto en sede judicial como extrajudicial, son los dos factores que más inciden en el éxito. Puede afirmarse que la fase previa en la que se estudiará la situación real del deudor y se diseñarán las actuaciones a plantear, junto con la forma y manera de hacerlo, es la parte más importante del proceso que, en gran medida, determinará el resultado final.

La situación de insolvencia conlleva, por sí misma, un alto grado de incertidumbre y un elevado nivel de riesgo sobre el desenlace final. Por ello, es preciso conjugar una elevada preparación técnica en lo jurídico con un conocimiento del mundo empresarial y financiero. Es el conjunto de ambos factores el que permitirá anticipar los problemas que se plantearán tanto desde la óptica jurídica como de negocio y encontrar la mejor solución de entre las posibles.

Si bien, hasta fechas muy recientes la práctica concursal estaba limitada a las sociedades mercantiles y empresarios individuales, actualmente el legislador ha tomado conciencia del problema del endeudamiento del particular, de manera que el derecho concursal contempla soluciones específicas para este tipo de situaciones en las que, incluso, se contempla la condonación de la deuda no cubierta.

¿Qué debe hacer una empresa en situación concursal?

Cuando una empresa entra en situación concursal tiene que hacer frente a las deudas que se han originado durante este proceso.

Cuando una empresa entra en estado de insolvencia puede realizar una solicitud de concurso de acreedores, el cual puede ser presentado por el propio empresario o sociedad o el acreedor.

El Artículo 259 de la Ley de suspensión de pago dice que” Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de quiebra, concurso o suspensión de pagos, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los órganos concursales, y fuera de los casos permitidos por la Ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, preferentes o no, con posposición del resto”.

Un concurso de acreedores es un procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. El concurso de acreedores abarca las situaciones de quiebra y las de suspensión de pagos.

¿A qué se le conoce como situación de insolvencia actual?

Ocurre cuando el empresario tiene problemas financieros y no puede cumplir con sus pagos mensuales.

Esto puede ocurrir por pago corriente de las deudas, embargos de su patrimonio o no pagar durante 3 meses los pagos de la seguridad social. El plazo para presentar concurso será de dos meses.

¿A qué se le conoce como situación de insolvencia inminente?

Se produce cuando en un corto periodo de tiempo el empresario se percata que no podrá atender a sus pagos.

No habrá plazo para presentar concurso como en el caso anterior pero será muy importante presentarlo lo antes posible para la pronta recuperación de la empresa.

¿Qué es un concurso de acreedores?

Un concurso de acreedores es el proceso judicial al que deben someterse tanto las personas físicas, autónomos, como las personas jurídicas, empresas, cuando no pueden hacer frente al pago de sus deudas y compromisos financieros. Encontrándose así en una situación de insolvencia que deben declarar de forma inmediata para evitar que esta sea declarada por cualquier socio o acreedor de la compañía.

Así pues, el concurso de acreedores es un mecanismo utilizado para intentar librar a las empresas de una quiebra inminente cuando estos no pueden afrontar el pago del salario de sus empleados, el pago de sus acreedores y el pago del resto de obligaciones tributarias y fiscales.

Modalidades del concurso de acreedores

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Concursal, existen dos modalidades del concurso de acreedores:

  • El concurso voluntario: Adquiere el carácter de voluntario cuando es el propietario quién –cumpliendo con sus obligaciones- declara la situación de insolvencia frente a la Administración tras ser consciente de su falta de liquidez. A partir de su declaración, el propietario dispone de un margen de 3 meses para negociar con sus acreedores de acuerdo a la Ley.
  • El concurso necesario/forzoso: Por el contrario, hablamos de concurso forzoso cuando son los acreedores o socios de la empresa quiénes declaran la imposibilidad de pagos.

La diferencia entre ambas modalidades es la implicación de los responsables de la compañía.

Mientras que en un concurso de carácter voluntario, los propietarios continúan al frente de la empresa aunque supervisados por un administrador concursal. En el caso de un concurso de carácter forzoso, el administrador concursal denominado por el juez es quién toma las riendas de la empresa y deja fuera de la gestión y administración del patrimonio a sus responsables.

El pre concurso de acreedores

En caso de optar por un concurso voluntario, los propietarios de la compañía inician un proceso conocido como “pre concurso de acreedores”, y disponen de tres meses de margen para negociar con los acreedores.

En caso de no llegar a un acuerdo, los responsables disponen de un mes para declarar la situación definitiva de concurso de acreedores. Es entonces cuando un abogado o economista experto en condición de Administrador Concursal y nombrado por el juez debe asumir el mando y gestionar de forma adecuada los activos de la empresa. Velando así por la salvación de la compañía a través de negociaciones con los acreedores, sobre todo entidades financieras como bancos.

Obligaciones, derechos y limitaciones del deudor

Una vez declarado el concurso de acreedores, el deudor tiene la obligación de comparecer ante el juzgado de lo mercantil y la administración concursal para colaborar e informar sobre todo lo requerido para el interés del concurso.

Asimismo, el deudor posee el derecho a continuar con la actividad profesional y comercial que desempeña siempre y cuando no se suspendan sus facultades de gestión y administración por parte del juez. De ser así, el juez puede adoptar medidas como el cierre total o parcial de las oficinas e incluso el cese total o parcial de la actividad empresarial.

 

 

Beneficios del concurso voluntario de acreedores

Además de conservar sus facultades respecto a la gestión y administración del patrimonio, aunque sea bajo supervisión, el deudor gozará de los siguientes beneficios si opta por el concurso de carácter voluntario:

  • Se detienen las demandas interpuestas por acreedores.
  • Las entidades financieras no pueden ejecutar ninguna acción frente al impago del préstamo hipotecario.
  • Las deudas no devengan intereses.

Resolución del proceso concursal

Una vez finalizado el concurso, este puede obtener una resolución satisfactoria en la que tras llegar a un acuerdo de refinanciación las limitaciones interpuestas por parte del juez quedan sin efecto y el deudor recupera sus plenas facultades de gestión y administración.

O por el contrario, puede concluir con la liquidación y disolución de la empresa. En este caso, el Administrador Concursal debe presentar un plan de liquidación para organizar la prelación de pagos a los acreedores. Teniendo especial preferencia aquellos de masa activa como por ejemplo el salario e indemnización de los empleados.

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Presentar el modelo 720 en Castellón

El modelo 720 vio la luz el veintinueve de Octubre de dos mil doce como enmienda a la regulación tributaria y de presupuestos y ajuste de la legislación financiera para la mejora de las actuaciones preventivas y de lucha contra el fraude fiscal. En el año dos mil dieciseis, todos y cada uno de los impositores obligados van a deber realizar la declaración informativa pertinente al ejercicio dos mil quince junto al modelo 720.

 

Es una declaración informativa sobre recursos y derechos ubicados en otros países y tiene como misión:

 

  • Informar sobre las cuentas en entidades bancarias ubicadas en otro paí
  • Informar sobre valores, derechos, seguros y rentas disponibles, tramitados o bien logradas en el otro país
  • Informar sobre recursos inmuebles y derechos sobre recursos inmuebles ubicados en otro paí

 

La regulación separa los recursos a declarar en 3 conjuntos diferentes y para cada conjunto preve exenciones en la obligación de declarar sobre estos recursos.

 

¿Quién tiene la obligación de realizar el modelo 720?

 

Tienen la obligación de realizar el modelo 720 las personas físicas y jurídicas con residencia en territorio de España, los establecimientos fijos en tal país de personas o bien organizaciones no residentes y las organizaciones a que se dedica el artículo treinta y cinco.4 de la Ley 58/2003.

 

El titular, representante, adjudicatario, persona o bien empresa con capacidad de predisposición o bien titular real, va a tener la obligación de declarar sobre los números en empresas financieras ubicadas en el otro país, valores, derechos y seguros, tramitados o bien logradas en otro país y recursos inmuebles y derechos sobre recursos inmuebles ubicados en países extranjeros.

 

No va a existir necesidad de declarar ningún bien de los conjuntos en los que el agregado de los recursos que lo componen no exceda los cincuentamil euros. En los conjuntos en los que el agregado exceda esta cifra hay la obligación de declarar todos y cada uno de los recursos que lo componen. Por lo que respecta al conjunto de cuentas en bancos va a bastar con que lo exceda o bien el agregado de las cantidades a treinta y uno de diciembre del período pertinente o bien la de los saldos medios. En años consecutivos solo se notificará sobre los conjuntos en los que haya habido un acreciento superior a veintemil euros con respecto a la última declaración aportada.

 

¿De qué forma y dónde hacer el modelo 720?

 

La declaración individual sobre recursos y derechos ubicados en otro país se aportará entre el uno de enero y el treinta y uno de marzo del período posterior a el que se refieran los datos del modelo 720. Por consiguiente, la presentación del modelo 720 pertinente al ejercicio dos mil quince se efectuará a lo largo eso los meses de enero, febrero y marzo de dos mil dieciseis. Puede presentarse por vía telemática o bien en ciertas oficinas de la AEAT de Castellón.

 

Los que por motivos de tipo técnico no consigan realizar el modelo 720 por vía telemática en el plazo marcado, van a poder llevar a cabo la presentación a lo largo de los 3 días laborables posteriores al de finalización de tal plazo.